Asuntos Disciplinarios

DERECHO DISCIPLINARIO

El derecho disciplinario entendido como la potestad y titularidad que detenta el Estado a través de los órganos de control interno de las entidades públicas, de manera regular, y a través de la Procuraduría General de la Nación, como de las correspondientes personerías distritales y municipales, como titulares del poder preferente, para investigar y juzgar a los servidores públicos activos o retirados del servicio y a los particulares contemplados en la Ley, cuando con su conducta activa u omisiva incurran en violaciones al ordenamiento legal disciplinario en ejercicio de sus funciones, tiene una cobertura bastante amplia y funda su naturaleza por violación de deberes funcionales (artículo 33 Ley 734 de 2002, desconocimiento de prohibiciones (artículo 35 ibídem, actuaciones estando incurso en inhabilidades (artículo 37 ejusdem), impedimentos (artículo 38 ibídem), incompatibilidades (artículo 39 ejusdem) y conflicto de intereses (artículo 40 Ley 734 de 2002); faltas disciplinarias que pueden resultar calificadas como gravísimas, graves y leves, que contraen: (i).- para las gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima una sanción de destitución e inhabilidad general de diez (10) a veinte (20) años, (ii).- para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas una sanción de suspensión (no inferior a un (1) mes ni superior a doce (12) meses) en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial ( no inferior a treinta (30) días, ni superior a doce (12) meses, (iii).- para las faltas graves culposas una sanción de suspensión, (iv) para las faltas leves dolosas una sanción de multa, y amonestación para las faltas leves culposas.

El derecho disciplinario y sus efectos de destitución e inhabilidad general, pueden conducir a la muerte civil y política de un funcionario público, razón por la que el ejercicio del derecho de defensa disciplinario merece especial atención, servicio especializado que hace parte de nuestro portafolio y que es atendido por profesionales especializados y con amplia trayectoria.

DERECHO DISCIPLINARIO DE LOS ABOGADOS 

El derecho disciplinario de los abogados entendido como la potestad y titularidad que detenta el Estado a través de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, para conocer de los procesos que por la comisión de una falta prevista en la Ley, se adelanten contra los abogados en ejercicio de su profesión, tiene una cobertura bastante amplia y funda su naturaleza por violación de deberes así: (i).- Faltas contra la dignidad de la profesión[1], (ii).- Faltas contra el decoro profesional[2], (iii).- Faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y las autoridades administrativas[3], (iv).- Faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado[4], (v).- Faltas de lealtad con el cliente[5], (vi).- Faltas contra la honradez del abogado[6], (vii).- Faltas contra la lealtad y honradez con los colegas[7], (viii).- Faltad contra la debida diligencia profesional[8], faltas disciplinarias que pueden resultar sancionadas con censura, multa, suspensión (entre dos (2) meses y tres (3) años, o seis (6) meses y cinco (5) años, cuando los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en actuaciones judiciales del abogado que se desempeñe o se haya desempeñado como apoderado o contraparte de una entidad pública, o exclusión del ejercicio de la profesión.

El derecho disciplinario y sus efectos de suspensión y exclusión del ejercicio de la profesión, pueden conducir a la muerte profesional del abogado litigante, razón por la que el ejercicio del derecho de defensa disciplinario ante las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura  merece especial atención, servicio especializado que hace parte de nuestro portafolio y que es atendido por profesionales especializados y con amplia trayectoria.


[1] Ley 1123 de 2007.- artículo 30.- Faltas contra la dignidad de la profesión:

1. Intervenir en actuación judicial o administrativa de modo que impida, perturbe o interfiera el normal desarrollo de las mismas,

2. Encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes o de aquellas que produzcan dependencia, alteren la conciencia y la voluntad al momento de realizar las actuaciones judiciales o administrativas en calidad de abogado o en el ejercicio de la profesión.

3. Provocar o intervenir voluntariamente en riñas o escándalo público originado en asuntos profesionales.

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión.

5. Utilizar intermediarios para obtener poderes o participar honorarios con quienes lo han recomendado.

6. Patrocinar el ejercicio ilegal de la abogacía.

7. Obtener clientes aprovechándose de una situación de calamidad que afecte gravemente la libertad de elección.

[2] Ley 1123 de 2007.- artículo 31.- Faltas contra el decoro profesional:

1. Utilizar propaganda que no se limite al nombre del abogado, sus títulos y especializaciones académicas, los cargos desempeñados, los asuntos que atiende de preferencia o con exclusividad y los datos relativos a su domicilio profesional.

2. Solicitar o conseguir publicidad laudatoria para sí o para los servidores públicos que conozcan o hayan conocido de los asuntos concretos a cargo del abogado.

Ley 1123 de 2007.- artículo 32.- Faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y las autoridades administrativas:

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas.

Ley 1123 de 2007.- artículo 33.- Faltas contra la recta y leal realización de la justicia::

1. Emplear medios distintos de la persuasión para influir en el ánimo de los servidores públicos, sus colaboradores o de los auxiliares de la justicia.

2. Promover una causa o actuación manifiestamente contraria a derecho.

3. Promover la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, caso en el cual se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

4. Recurrir en sus gestiones profesionales a las amenazas o a las alabanzas a los funcionarios, a sus colaboradores o a los auxiliares de la justicia.

5. Invocar relaciones personales, profesionales, gremiales, políticas, culturales o religiosas con los funcionarios, sus colaboradores o los auxiliares de la justicia.

6. Valerse de dádivas, remuneraciones ilegales, atenciones injustificadas o insólitas o de cualquier otro acto equívoco que pueda ser interpretado como medio para lograr el favor o la benevolencia de los funcionarios, de sus colaboradores o de los auxiliares de la justicia.

7. Aconsejar, patrocinar o intervenir en cualquier acto que comporte el desplazamiento de las funciones propias de los auxiliares de la justicia. También incurre en esta falta el abogado que de cualquier modo acceda a los bienes materia del litigio o involucrados en este mientras se encuentre en curso.

8. Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones, manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales y, en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad.

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad.

10. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o administrativa.

11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas.

12. Infringir las disposiciones legales sobre la reserva sumarial.

13. Infringir el deber relacionado con el domicilio profesional.

14. Efectuar desgloses, retirar expedientes, archivos o sus copias, sin autorización, consignar glosas, anotaciones marginales en los mismos o procurar su destrucción.

[5] Ley 1123 de 2007.- artículo 34.- Faltas de lealtad con el cliente::

a) No expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o encomendado;

b) Garantizar que de ser encargado de la gestión, habrá de obtener un resultado favorable;

c) Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto;

d) No informar con veracidad la constante evolución del asunto encomendado o las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos;

e) Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común;

En esta falta también pueden incurrir los miembros de una misma firma o sociedad de abogados que representen intereses contrapuestos;

f) Revelar o utilizar los secretos que le haya confiado el cliente, aun en virtud de requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido autorización escrita de aquel, o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito;

g) Adquirir del cliente directa o indirectamente todo o parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales;

h) Callar las relaciones de parentesco, amistad o interés con la parte contraria o cualquiera otra situación que pueda afectar su independencia o configurar motivo determinante para interrumpir la relación profes ional,

i) Aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentre capacitado, o que no pueda atender diligentemente en razón del exceso de compromisos profesionales.

[6] Ley 1123 de 2007.- artículo 35.- Faltas contra la honradez del abogado::

1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos.

2. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente.

3. Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas.

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.

5. No rendir, a la menor brevedad posible, a quien corresponda, las cuentas o informes de la gestión o manejo de los bienes cuya guarda, disposición o administración le hayan sido confiados por virtud del mandato, o con ocasión del mismo.

6. No expedir recibos donde consten los pagos de honorarios o de gastos.

Ley 1123 de 2007.- artículo 36.- Faltas contra la lealtad y honradez con los colegas::

1. Realizar directamente o por interpuesta persona, gestiones encaminadas a desplazar o sustituir a un colega en asunto profesional de que este se haya encargado, u ofrecer o prestar sus servicios a menor precio para impedir que se confiera el encargo a otro abogado.

2. Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie la renuncia, paz y salvo o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución.

3. Negociar directa o indirectamente con la contraparte, sin la intervención o autorización del abogado de esta.

4. Eludir o retardar el pago de los honorarios, gastos o expensas debidos a un colega o propiciar estas conductas.

Ley 1123 de 2007.- artículo 37.- Faltas contra la debida diligencia profesional::

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.

2. Omitir o retardar la rendición escrita de informes de la gestión en los términos pactados en el mandato o cuando le sean solicitados por el cliente, y en todo caso al concluir la gestión profesional.

3. Obrar con negligencia en la administración de los recursos aportados por el cliente para cubrir los gastos del asunto encomendado.

4. Omitir o retardar el reporte a los Juzgados de los abonos a las obligaciones que se están cobrando judicialmente.